22 de febrero de 2014

No habrá tasas para tribunales sociales y contencioso administrativos para l@s emplead@s públicos pero no para los funcionarios que acudan en nombre propio a contencioso, aunque no necesitarán abogado y procurador

Aprobado por el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
CCOO rechaza la exclusión de la inmensa mayoría de la población de la asistencia jurídica gratuita No obstante, solo la presión y la vigilancia de CC.OO sobre el Ministerio de Justicia consigue que en el proyecto se incluyan algunas de las exigencias muy importantes para las empleadas y empleados públicos que CCOO lleva reclamando hace más de 15 meses.

22/02/14. El Sector de Administración de Justicia de CC.OO lleva reclamando desde hace muchos meses al ministro Ruiz Gallardón, para su inclusión en la ley de asistencia jurídica gratuita, varias reivindicaciones que no fueron aceptadas en la Ley de Tasas cuya aprobación supuso además un importante retroceso en derechos.

Se recupera el derecho reclamado por CC.OO para que el personal funcionario no se le exija el requisito de tener que intervenir con abogado y procurador en los procedimientos contenciosos en defensa de sus derechos profesionales y laborales.

CC.OO exigió el reconocimiento para todas las empleadas y empleados públicos (personal funcionario y laboral), y para los sindicatos y la representación unitaria de los trabajadores, del derecho a la asistencia jurídica gratuita, sin necesidad de acreditar la insuficiencia de recursos, cuando ejerciten la defensa de sus derechos laborales, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, y en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores del ámbito de las empresas privadas.

El proyecto de ley reconoce ese derecho pero solo parcialmente, pues se le niega al personal funcionario cuando acude en nombre propio a la jurisdicción contenciosa-administrativa, no aceptándose todo lo reclamado por CC.OO.

CC.OO exigió el incremento sustancial del umbral de acceso para poder beneficiarse de la justicia gratuita, para garantizar que la inmensa mayoría de la población pueda acceder a la tutela judicial efectiva de forma real, algo que no se ha incluido. La decisión final del Gobierno es nuevamente un recorte en los derechos de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Leer+