La Administración plantea una vuelta al trabajo presencial en oficinas, sin graduación, y sin poner en primer lugar sobre la mesa la prevención de riesgos laborales
Ayer martes se reunió el grupo de trabajo de la MGNAGE sobre los criterios para el retorno
a la actividad presencial en la AGE,
por la mejora de la situación sanitaria propiciada por la vacunación contra
la COVID19, y esta noche se ha publicado la resolución con el rechazo de toda la parte social, incluido el voto en contra de CCOO.
Como anticipamos en nuestra nota del lunes, CCOO volvemos a estar en contra de la propuesta de la Administración en lo relativo a medidas organizativas, en primer lugar, porque para CCOO la prevención de los riesgos laborales debería ser el eje principal de las medidas y no lo es, y segundo porque CCOO hemos pedido varias veces a Función Pública la adecuación progresiva del trabajo presencial en oficinas a unos escenarios epidemiológicos en continuo cambio, y ahora entran las prisas, con una reducción al 20% del trabajo a distancia en función de las necesidades del servicio, salvo para personas inmunodeficientes, con cáncer u otras circunstancias análogas.
Por otro lado, porque no hay justificación para establecer dos velocidades en el regreso a los centros de trabajo. La situación sanitaria nada tiene que ver con la de hace unos meses, y la vuelta a cierta normalidad se va produciendo en todos los ámbitos de nuestras vidas. Pero CCOO no podemos admitir una vuelta en bloque al trabajo presencial y una limitación cuando se hace referencia a derechos como formación, viajes, reuniones, procesos selectivos o negociación colectiva.
Además, no deja de preocuparnos el modelo de unilateralidad en la actuación del Ministerio de Hacienda y Función Pública. La negociación de la OEP 2021 y las medidas organizativas se traducen en sendos fracasos, sin ningún apoyo en la parte social. Un camino que empeora cuando se mantiene al frente a personas que ya venían suponiendo obstáculos para el consenso y el desarrollo del diálogo social.