Primer consejo de la nueva sociedad Acuaes el 14 de mayo de 2013.
El Tribunal recuerda que la UE ha abierto procedimiento de infracción a España por incumplimiento de la Directiva Marco del Agua
20minutos. 14/110/14. El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Gobierno replantear "la existencia" de las sociedades estatales de agua, después de haber analizado el grado de cumplimiento de las acciones, programas e inversioens de ACUAMED, ACUASUR, ACUANORTE y ACUAEBRO.
Así se manifiesta en el 'Informe de convenios de gestión directa vigentes entre las Sociedades Estatales de Aguas y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino durante los ejercicios 2010-11' aprobado por el Pleno del Tribunal.
El análisis muestra también el "escaso grado de avance de la actividad inversora" de las Sociedades Estatales de Aguas que, a 31 de diciembre de 2010 habían invertido un 54 por ciento del total necesario para ejecutar las actuaciones que se incluían en los convenios de gestión directa y, a finales de 2011, era del 58 por ciento.
Los Presupuestos Generales del Estado contemplaban 1,74 millones de euros para 2010 y 1,23 millones para 2011, con un descenso del 29 por ciento, mientras que tuvieron unas plantillas medias de 242 y 273 respectivamente. El documento apunta también "discrepancias" entre las actuaciones a desarrollar y el coste de estas inversiones así como "·desviaciones significativas" en materia presupuestaria.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas recomienda que, a la vista del "escaso avance en su efectividad como motor de avance de las inversiones, es la de replantear la existencia de las Sociedades Estatales de Aguas". "Sería recomendable que se valorara la necesidad de seguir manteniendo esta modalidad de instrumentos de gestión, en particular si se tiene en cuenta que estas Sociedades se encuentran sometidas en un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario y administrativo", concluye el documento.
Asimismo, propone al Gobierno que ponga en marcha medidas y procedimientos que "ayuden a realizar unas previsiones más realistas, tanto en el diseño como en los plazos y costes de las actuaciones, minimizando las desviaciones en la ejecución de los presupuestos motivadas por errores y defectos" en la fase de planificación.
El Tribunal recuerda también que la Unión Europea ha abierto a España dos procedimientos de infracción, uno por el incumplimiento de la obligación marcada por la Directiva Marco del Agua, y otro por su deficiente trasposición al ordenamiento jurídico español.