El PP pretendía el despido sin causa salvo los puestos de necesaria cobertura. CC.OO. ha denunciado este tipo de amortizaciones en el MAGRAMA.
El PP pretendía modificar el EBEP mediante una serie de enmiendas en el Senado a Ley de ordenamiento del sector público, para que los "indefinidos no fijos" (es decir l@s trabajador@s que por sentencia firme se les reconocía esta categoría al denunciar cesión ilegal o fraude de ley en la contratación) se les pudiera despedir, sin necesidad de acreditar una causa y con una indemnización de 8 a 12 días por año. Sólo se salvarían aquéllos cuyos puestos la propia Administración declare como de “de necesaria cobertura”. Es decir, los que ellos habrían promovido.
El "indefinido no fijo" sólo permanece en el puesto hasta que la plaza es cubierta mediante un proceso regido por los principios de igualdad, mérito y capacidad. O bien hasta que esa plaza es amortizada. Con la reforma laboral, además, el Gobierno permitió a las administraciones públicas recurrir a las causas económicas, organizativas o de producción para despedir a su personal laboral. A cambio de indemnizaciones de 20 días por año trabajado, al igual que en las empresas privadas. Con las enmiendas retiradas desaparecía la necesidad siquiera de alegar dichas causas.
CC.OO denunció el 11 de junio que las enmiendas del PP pretendían dar carta blanca a las administraciones para incumplir la legislación laboral sobre contratación de personal, creando un espacio de excepción de total impunidad, de manera que no pasara nada porque el trabajador ganara una sentencia, porque se le podía despedir sin causa y con una indemnización mínima. Era una manera de garantizar que a pesar de que se diera cesión ilegal no iba a pasar nada para la propia Administración.
Quien tiene padrino, se bautiza
En el MAGRAMA, a pesar de ello, la Administración (suponemos que siguiendo instrucciones de Función Pública) y con el rechazo en solitario de CC.OO en la Subcomisión Delegada, acuerdan amortizar puestos con sentencias condenatorias de una manera selectiva. Unos sí y otros no.
Desde la sección sindical de CC.OO en el MAGRAMA hemos rechazado a este tipo de amortizaciones en la medida que entendemos que todos estos puestos de trabajo deben cubrirse de una manera definitiva siguiendo los criterios constitucionales de provisión de puestos y no dejando al arbitrio de quienes han provocado la contratación fraudulenta la posibilidad de amortizar o no estos puestos.
Para CC.OO hay que preservar el empleo y los servicios públicos. Y es necesario que esto se haga con absoluto respeto al cumplimiento de la legislación existente en materia laboral, cumplimiento en que la Administración debería ser especialmente vigilante. Leer+