CC.OO ha enviado una carta a la Ministra para reivindicar el trabajo de las y los empleados públicos del MAGRAMA y que se ahorre contratando personal en vez de privatizando servicios
12/06/14. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, destina más de 3 millones de euros para contratar unas actividades de mantenimiento, conservación, auscultación, inspección y vigilancia de presas, actividades que realizan l@s emplead@s públic@s destinados en las instalaciones hidráulicas afectadas por esta externalización y la Dirección Técnica del Organismo. El adjudicatario es la UTE Trafisa Construcción y Medioambiente S.A. - Control y Geología S.A.
A la vista del Pliego no es posible diferenciar que actividades realizará la adjudicataria y las que realizarán l@s emplead@s públic@s (Granada, Ceuta y Melilla), aunque teniendo en cuenta el personal del que dispondrá la empresa, serán estos últimos quienes seguirán asumiendo en gran medida las actividades ordinarias de estas instalaciones hidráulicas.
CC.OO denuncia el despilfarro de dinero público que supone las contrataciones de asistencias técnicas por parte de los Organismos Autónomos. Ahora el Guadalquivir, hace unos meses del Tajo, con una subcontratación por valor de 7 millones de euros. El Ministerio estará pagando dos veces por una única actividad.
Aún más llamativo resulta que estas contrataciones se realicen fundamentalmente por la escasez de recursos cuando un Organismo como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dispone de más de 120 puestos vacantes en sus Relaciones de Puestos de Trabajo, tanto de Funcionarios como de Laborales.
El coste que supone esta contratación duplica y en algunos casos triplica, el coste que supondría que las actividades que se privatizan fueran realizadas por emplead@s públic@s, ya que en el caso del Guadalquivir sólo se daría empleo a 16 personas y no todos a tiempo completo.
Este tipo de cláusulas generan un marco propicio para contrataciones laborales en las adjudicatarias un tanto “dirigidas”, incrementando de manera escandalosa las relaciones de parentesco entre los contratados que en algunos casos terminan con recursos judiciales por cesión ilegal, algo sobre lo que el MAGRAMA conoce con decenas de sentencias condenatorias.