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Javier Moscoso, ministro de presidencia en 1983, por cuyo apellido se conocen los seis días de libre disposición que se acordaron para compensar un IPC del 12,2% en ese año que el Estado decía no poder pagar.
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El pasado 21 de diciembre, se publicó en el BOE la: “Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre,
de control de la deuda comercial en el sector público”. La Disposición adicional cuarta dice lo siguiente:
“Primero. El apartado k del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda con la siguiente redacción: «Por asuntos particulares, cuatro días cada año».
Segundo. La limitación que el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece respecto a los convenios, pactos y acuerdos para el personal funcionario y laboral de las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas, debe entenderse referenciada a la nueva redacción dada al artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público de conformidad con el apartado primero de esta Disposición.”
Y la Disposición final séptima: “La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».”
Por lo tanto entendemos que:
• En el año 2013 tenemos cinco días de asuntos particulares (cuatro, más el correspondiente al día 12 de octubre que cayó en sábado). Este “regalo” del ínclito Montoro, se podrá disfrutar hasta el día 15 de febrero de 2014 y cabe suponer que exigirá las modificaciones normativas a que haya lugar respecto al personal laboral que parece que se les ha olvidado que también existe.
• En el año 2014 tendremos, además de los cuatro días de asuntos particulares, un día mas (en total 5), pues el próximo año tiene dos días festivos en sábado, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre. Por lo tanto, desde CC.OO exigiremos un día más para el próximo año.
No debemos olvidar que esta medida, no exenta de un paternalismo anacrónico, en nada recupera el daño que el Gobierno ha infringido a las condiciones de trabajo y derechos de los Trabajadores, con unas políticas de recortes, también en los servicios públicos, haciendo pagar una crisis a los más débiles y que en ningún caso, son ni han sido, los responsables de ella.
En cualquier caso, en la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, celebrada en el día ayer, CC.OO, planteó la necesidad de:
• Recuperar la negociación colectiva en el ámbito AGE.
• Negociación con contenidos.
• Función Pública debe comprometer la apertura urgente de un proceso de negociación real en el que se establezcan las medidas oportunas para recuperar todos y cada uno de los derechos que los trabajadores y trabajadoras de la AGE han perdido en los últimos años.