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| Van Rompuy, Obama y Durao Barroso en la Casa Blanca (Washington) |
16.04.2014.
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) suscita una creciente oposición a ambos lados del Atlántico porque puede eliminar las salvaguardas y suponer la degradación de las normas y regulaciones en materia social, laboral, alimentaria, medioambiental, sanitaria y energética. Además de más privatizaciones de servicios públicos.
Este tratado, que afecta a más de 800 millones de consumidores y que se está llevando a cabo sin ninguna transparencia, sin diálogo con los interlocutores sociales, y sin ningún informe de impacto sobre el empleo y las condiciones de trabajo y sobre la agricultura busca no tanto la eliminación de aranceles como la supresión de regulaciones que suponen un claro obstáculo para el comercio.
Por otro lado, supone una grave desregulación de los mercados, produciendo una mayor privatización de los servicios públicos y una "liberalización" de los servicios financieros que puede impedir a la administración regular el sector financiero, establecer impuestos y tasas a bancos y transacciones financieras o establecer un control de los capitales.
Por todo ello, la Cumbre Social Estatal rechaza el tratado y reivindica la necesidad de revisar el régimen actual de comercio con el fin de desembocar en un modelo basado en más democracia, cooperación, participación ciudadana, derechos humanos, justicia social, igualdad y sostenibilidad.