10 de marzo de 2014

CCOO el objetivo debe ser mejorar los instrumentos preventivos en la AGE con más participación y consulta y no restringiendo la tarea de l@s delegad@s de prevención

Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, luchando contra lo público

Las organizaciones sindicales y Función Pública se han reunido para debatir la propuesta que ha presentado la Administración General del Estado (AGE) en el grupo de trabajo de la Comisión Técnica de Prevención para modificar el RD 67/2010 lo que supone la adaptación de la Ley de prevención de Riesgos Laborales al ámbito AGE.

La Administración ha presentado un borrador que devalúa la propia Ley 31/1995 de Riesgos Laborales, recortando los derechos de consulta y participación del personal de la Administración General del Estado, proponiendo entre otros aspectos:

• Restricción y ambigüedad legal para la constitución de la Comisiones Técnicas en los ámbitos departamentales.
• Restringe el nombramiento de delegados y delegadas de prevención exclusivamente a miembros de juntas de personal o comités de empresa.
• No regula como se considera el tiempo empleado por los delegados y delegadas para las actividades preventivas.
• Pretende suprimir la mayoría de los Comités de Seguridad en las provincias al restringirlo a uno de carácter provincial.
• Suprime del derecho de negociación y participación en la regulación de la constitución, modificación y funcionamiento de los Comités Provinciales, quedando Función Pública como exclusivo poseedor de dichos derechos.
• Elimina los plazos de auditoria de los servicios de prevención.
• Elimina la auditoria externa del sistema de prevención de la AGE y los encomienda a un organismo de la propia AGE.

Para CCOO el objetivo básico de la adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe de orientarse a la mejora de los instrumentos preventivos en la AGE, con la finalidad de garantizar los derechos del  personal a trabajar en unas condiciones preventivas que garanticen su integridad y salud. Para la cual es condición básica que cualquier modificación normativa garantice el derecho de participación y consulta de todas las empleadas y  empleados públicos de la administración general del estado. Leer+