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| Concentración de esta mañana frente a Función Pública en Madrid |
- CCOO denunciamos, entre otras cosas, la demora en la ejecución de las ofertas de empleo público, la dejadez en la negociación del III Plan de Igualdad, el retraso en la puesta en marcha del IV Convenio Único y la falta de desarrollo de la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, pendiente desde hace más de diez años.
Entre los principales argumentos, CCOO recuerda que las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019, que con más de 20.000 plazas para ingreso libre venían a suponer una recuperación inicial del personal perdido en los últimos 10 años, un decremento que supera los 35.000 efectivos. Por otro lado, los procesos de estabilización del empleo público, pendientes de desarrollo desde 2018 y que supondrán la ocupación estructural de más de 5.000 puestos temporales, corren riesgo de caducidad si no se ponen en marcha en los próximos meses.
La negociación del III Plan de Igualdad, pendiente desde hace de 4 años, o los retrasos acumulados en la aplicación del Protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo, son elementos que el sindicato considera imprescindibles para garantizar la igualdad en la Administración del Estado.
CCOO recuerda, además, que más de un año después sigue sin cerrarse el desarrollo del IV Convenio Único y continúa pendiente concretar elementos esenciales como la jubilación anticipada parcial. Lamenta, además, la reciente comunicación del Gobierno por la que retrasa la aplicación de las tablas retributivas del IV Convenio Único, que el personal laboral tenía que estar percibiendo desde enero de 2019, una recuperación salarial inicial después de la pérdida de más de un 14 % de poder adquisitivo acumulada desde 2008.
Otros elementos pendientes de ejecución como el desarrollo de la carrera profesional, la revisión de los complementos de destino y específico mínimos comprometidos para la distribución de los fondos adicionales, el diagnóstico del empleo público y la mejora de los procesos de promoción interna, la finalización de las privatizaciones y la reversión a lo público de los servicios públicos subcontratados, o la agilización del concurso abierto y permanente para el personal laboral.