CCOO MAGRAMA. 17/12/13. En las últimas semanas desde dentro de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, se están difundiendo rumores malintencionados sobre un funcionario que es Agente Medioambiental. Se le acusa de actuar por su cuenta y se insinúa que lo ha hecho en contra de otros compañeros suyos y de los intereses de su Organismo.
Estos ataques ruines e injustificados hacia esta persona no se ajustan a la verdad y muy probablemente se están realizando para ocultar las carencias organizativas o las negligencias de otros responsables de grado y nivel superior, los cuales, también probablemente, habrían estado faltando al cumplimiento de sus obligaciones.
Desde CC.OO queremos manifestar nuestro total apoyo a este compañero, dejando constancia de que es él quien ha cumplido con las obligaciones que le marca la Ley. Este funcionario, inspeccionando el río Ebro en el norte de la provincia de Burgos y en el ejercicio de su trabajo, observó una anomalía grave y que se prolongaba en el tiempo durante años; formuló la correspondiente denuncia por el “conducto reglamentario” a través de su Jefe de Servicio; puso los hechos en conocimiento de las distintas Áreas de la Comisaría de Aguas de la Confederación del Ebro que podían verse afectadas, solicitando a la vez apoyo y orientación porque consideraba que había indicios ampliamente documentados de un hecho delictivo.
No recibió contestación, y como pasaban los meses y la situación permanecía igual volvió a informar por escrito repetidamente, hasta que finalmente comunicó que si seguía sin obtener una respuesta, se vería obligado a acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente tal y como le dicta el ordenamiento jurídico vigente. Hecho que finalmente ocurrió, porque su Organismo nunca le dio ninguna contestación.
El trabajador, en su condición de Agente Medioambiental de Organismos Autónomos del MAGRAMA, tiene encomendadas las labores de inspección y vigilancia del dominio público hidráulico (DPH), para las cuales según la Ley 11/2005 en su Disposición Adicional 2ª tiene reconocida su condición de agente de la autoridad; y la de policía judicial genérica según art. 6.q de la Ley 10/2006 en referencia al art. 283 Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM); lo que unido al articulado del Código Penal y de la propia LECRIM, le obliga a denunciar los casos de posible delito en relación al Dominio Público Hidráulico de los que tenga conocimiento ante las autoridades judiciales o fiscales.
El hecho de que desde la Comisaría de Aguas en particular y la Confederación del Ebro en general,
se nieguen repetidamente a aceptar esta situación legal de sus Agentes Medioambientales y se obstinen en mirar para otro lado, no elimina su validez.
La Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente fue modificada por Ley 11/2005, y hace ya 6 años que estos agentes trabajan en las distintas Confederaciones Hidrográficas y en otros ámbitos Departamentales, cumpliendo las funciones que la Ley antes mencionada les encomienda.
Ese tiempo debería haber sido más que suficiente para que los organismos de cuenca hubieran asumido que tienen destinados Agentes Medioambientales en sus plantillas y haber explicado al resto de sus trabajadores las funciones, atribuciones y competencias que la ley otorga a estos funcionarios y cómo se relaciona su trabajo con el resto de Empleados Públicos de una Confederación Hidrográfica.
Así pues, desde esta Sección Estatal lamentamos profundamente que ante las denuncias de un Agente Medioambiental en el ejercicio de actividad profesional a la Fiscalía, se le intente desacreditar aprovechando que es el Funcionario de nivel más bajo y el eslabón más débil dentro de la Comisaría de Aguas.
Pretender hacer ver al resto de Empleados Públicos del organismo y del propio Ministerio, mediante infundios y mentiras, que este trabajador obró mal es una bajeza inadmisible.
Son sus superiores en el Servicio y en la Comisaría de Aguas, así como algunos de los técnicos y responsables de otros Servicios de Confederación que habían sido ampliamente informados a lo largo de meses, los que deberían haber actuado en tiempo y forma, como es su obligación, para resolver el caso y por tanto, son ellos los únicos responsables de las consecuencias que pudieren derivarse de los hechos denunciados.
En muy mal lugar queda la Administración Pública si lo que se hace es desacreditar al Funcionario que cumple con sus deberes y obligaciones, en lugar de poner los medios para que se cumplan las leyes.
Desde CC.OO queremos hacer explícito nuestro apoyo expreso al compañero afectado y a todos aquellos Empleados Públicos que, con su trabajo diario, a veces con incomprensiones, como es el caso, defienden el servicio público que la sociedad espera de nosotr@s, razón última de su propia existencia y que algunos, desgraciadamente se empecinan en no ver.