20 de julio de 2015

CCOO exige la devolución de derechos y condiciones de trabajo para las empleadas y empleados públicos.


En la reunión del pasado 16 de junio, el Secretario de Estado Antonio Beteta, ante las exigencias de los sindicatos, señala que no van a poner cifras encima de la mesa, de forma deliberada, hasta que no conozcan las propuestas reivindicativas que se les efectúen. El Gobierno no ha puesto ninguna medida concreta encima de la mesa.

CCOO, primer sindicato de las Administraciones Públicas, ha exigido el fin de la congelación salarial, la recuperación de la paga extraordinaria, restitución de los días de libre disposición y antigüedad, medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, devolución de los recortes salariales por Incapacidad Temporal, además de medidas concretas de empleo y sostenimiento de la Administración General del Estado, con la consiguiente desaparición de la limitación establecida en la tasa de reposición.

El secretario de Estado Beteta ha anunciado la convocatoria de la Mesa general de negociación las Administraciones Públicas para el 30 de julio, “volviendo a repetir la estrategia de este Gobierno de convocar reuniones trascendentes poniéndonos contra la pared y al borde del abismo de fechas, para un todo o nada, sin negociación alguna, de cualquier forma y sin ni siquiera cubrir con el mínimo respeto lo que se contempla en la legislación vigente en lo relativo a interlocución laboral”, afirma el sindicato.


CCOO vuelve a reiterar la necesidad de abrir un espacio efectivo, real, con interlocutores válidos, en el que el Gobierno plasme en lo concreto las grandilocuentes manifestaciones de negociación y buen talante que hace el ministro Montoro en algunas de sus comparecencias públicas. 

El Gobierno tiene la pelota en su tejado, lo que haría cumpliendo con sus mediáticas proclamas y restituyendo los derechos, retribuciones y condiciones laborales que ha arrebatado a las personas trabajadoras de las Administraciones Públicas.

CCOO no permitirá que se use a las empleadas y empleados públicos de forma instrumental para los intereses electoralistas del Gobierno